Los que celebran, los que condenan y los que callan

La manera como el mundo interpreta lo que ocurre en Venezuela se ha ido simplificando y polarizando. Sin embargo, en los últimos días esta lectura no solo se ha intensificado, sino que ha adquirido una forma casi mecánica a través de posiciones que se activan de inmediato, consignas que se repiten y juicios que parecen prescindir por completo de la experiencia venezolana. No se trata únicamente de desacuerdos ideológicos, sino de una desconexión profunda entre quienes opinan sobre Venezuela y quienes han vivido –y siguen viviendo– sus consecuencias.

El 3 de enero nos despertamos con las noticias de que bombas caían sobre nuestras ciudades y más adelante, de que EE.UU. había capturado a Nicolás Maduro. Avanzado el día, en muchas ciudades del mundo donde habita la diáspora venezolana, se hacía evidente una fractura incómoda. Surgieron numerosas protestas donde personas no venezolanas condenaban de manera categórica la intervención estadounidense, alertaban sobre intereses económicos vinculados al petróleo y denunciaban una nueva expresión del imperialismo global. Lejos de compartir esa indignación, poblaciones de venezolanos en esas mismas ciudades celebraban –con dolor acumulado, pero también con alivio– la posibilidad de ver a Nicolás Maduro enfrentando un proceso de justicia fuera de Venezuela. Esta divergencia no es anecdótica. Desvela cómo determinados discursos morales y afectivos, estrechamente ligados a posiciones ideológicas específicas, tienden a desconocer –cuando no a deslegitimar– la experiencia concreta de vivir bajo una dictadura y los inmensos retos que supone una lucha prolongada por la libertad. Al mismo tiempo, también emerge una intransigencia en parte del discurso venezolano en la diáspora, mediada por años de frustración, cansancio y desreconocimiento, que dificulta cualquier posibilidad de diálogo con quienes observan el conflicto desde marcos construidos a distancia.

 

1. Sociedades de acogida que condenan

En buena parte del mundo, y especialmente en sectores de la izquierda internacional, la reacción ha sido inmediata y contundente: condena absoluta a la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. Manifestaciones, comunicados, declaraciones públicas y campañas en redes sociales han denunciado la violación del derecho internacional, la injerencia extranjera y el carácter imperialista de la acción. Estas posiciones no son nuevas. Se inscriben en una larga tradición política que, con razón, ha denunciado las consecuencias devastadoras del intervencionismo estadounidense en América Latina y otras regiones del mundo.

Es importante reconocer el valor de estas exigencias. El imperialismo es un hecho histórico y contemporáneo condenable. Ningún país desea, a priori, ser escenario de una intervención militar extranjera. Defender la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional es una postura legítima y necesaria. Sin embargo, el problema no radica en la condena en sí misma, sino en su selectividad de la solidaridad con la que justifican su “vocación humanitaria”.

La ausencia clara de venezolanos en estas protestas no es un detalle menor. Revela que el conflicto venezolano está siendo interpretado desde marcos ideológicos que tienen escasa comprensión de la historia reciente y de los contextos específicos del país. Se trata de lecturas que reproducen sus propios referentes locales, transfiriéndolos al caso venezolano, cuyo escenario político en disputa, es distinto y mucho más complejo de lo que unos titulares o consignas pueden ofrecer como base para el análisis.

Por otro lado, que en estas protestas se condene el ataque militar en Venezuela bajo el argumento del respeto a la soberanía del pueblo venezolano, es cuanto menos, sorpresivo. Durante años, amplios sectores políticos, académicos y militantes han ignorado lo que el chavismo ha hecho al país. En muchos espacios académicos internacionales, el caso venezolano ha sido tratado con indulgencia. Por ello, protestar en nombre de la defensa del pueblo venezolano, resulta paradójico. Se proclama una solidaridad mientras se ignoran sistemáticamente las luchas concretas, las derrotas acumuladas y el agotamiento de una población que ha resistido durante más de dos décadas. Esta forma de solidaridad suele venir acompañada de un tono moralizante y de una posición de superioridad ética desde la cual se condena, por ejemplo, que la diáspora celebre la captura de Maduro, sin asumir los costos reales que implica vivir las consecuencias de una dictadura.

 

2. Venezolanos en la diáspora que celebran

Frente a esta condena internacional, la reacción de muchos venezolanos en la diáspora ha sido radicalmente distinta. Lo que se ha celebrado, ante todo, es la posibilidad de que Nicolás Maduro enfrente un proceso de justicia fuera de Venezuela. Para quienes han tenido que abandonar el país, esta noticia se vive como una grieta en un muro que parecía infranqueable.

Durante más de dos décadas, la oposición al chavismo ha intentado múltiples estrategias para recuperar la democracia: participación electoral, protestas masivas, presión internacional y, de manera insistente, negociaciones políticas. Sin embargo, todos estos intentos se han chocado con una dictadura extraordinariamente resiliente, que ha sabido fortalecerse tras cada crisis y responder con mayores niveles de represión.

En los últimos años, la avanzada autoritaria ha sido particularmente despiadada. La represión desde hace años ha dejado de ser una respuesta puntual de control, sino una estrategia central para la sostenibilidad del poder. Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales han sido documentados por organismos internacionales, mientras dentro del país se impone el silencio a través del miedo. Se trata de un terrorismo de Estado que atraviesa a toda la población, incluso a quienes no participan activamente en política, y que convierte la vida cotidiana en un ejercicio permanente de autocensura y protección.

A esto se suma cómo la comunidad internacional dio la espalda nuestra lucha por la libertad. No se trata de una percepción abstracta ni de un malestar reciente. El 28 de julio de 2024 se celebraron en Venezuela unas elecciones presidenciales que fueron robadas por el chavismo. Frente a ello, la sociedad civil organizada respondió con una demostración inédita: actas en mano, papeletas contabilizadas y pruebas claras del fraude que confirmaban la victoria de Edmundo González Urrutia. La población salió a protestar y fue masivamente perseguida. La diáspora venezolana se movilizó en decenas de ciudades, pero esas protestas no encontraron acompañamiento político ni respaldo social en los países de acogida. No hubo mecanismos que impulsaran una transición negociada ni acciones concretas que permitieran reconocer la soberanía popular expresada en las urnas.

Resulta especialmente llamativo el mutismo de la izquierda internacional. No hubo marchas, ni campañas, ni consignas en defensa del voto venezolano. Tampoco indignación frente al secuestro del Partido Comunista de Venezuela ni ante el encarcelamiento de su candidato presidencial en ese mismo proceso electoral. Ese silencio contrasta con la rapidez con la que ahora se movilizan frente a la intervención extranjera, mientras durante años se ignoró la consolidación del desmantelamiento sistemático de la democracia en el país.

La ausencia de presiones políticas efectivas y el progresivo desgaste del tema venezolano en la agenda global han contribuido al agotamiento de las estrategias internas. En ese escenario, la violencia comienza a aparecer para muchos no como una opción deseable, sino como la única imaginable frente a un tablero profundamente desigual.

Expresiones como “no hay nada que perder” circulan con frecuencia y condensan bien el nivel de hartazgo social. Son comprensibles, pero también profundamente preocupantes. Reflejan una pérdida de expectativas y una sensación de despojo acumulado que no surgió de la noche a la mañana. Venezuela lleva años con una soberanía erosionada: una economía endeudada, una dependencia creciente de actores externos como China y una injerencia política cubana que ha vaciado de autonomía muchas decisiones fundamentales del país. A ello se suma un sistema neopatrimonialista que ha convertido los recursos públicos en botín y ha saqueado deliberadamente a la nación. Quince años de crisis continuada han producido una emergencia humanitaria compleja: hambre generalizada, colapso sanitario, una cuarta parte de la población fuera del país, familias fragmentadas, políticas sociales convertidas en mecanismos de control y crímenes de lesa humanidad como forma de gobierno. Este contexto explica la radicalización de ciertas posturas, pero también nos debería obligar a sostener una mirada crítica y defender nuestro derecho a una transición transparente, justa y liderada por los propios venezolanos.

 

3. Venezolanos en Venezuela bajo dictadura

Frente a estos contrastes y disputas que se expresan fuera del país, resulta imprescindible volver la mirada hacia Venezuela. Mientras en el exterior se puede opinar, disentir y manifestarse públicamente, dentro del país esa posibilidad no existe. Allí solo es tolerada una única narrativa sobre lo ocurrido: la versión oficial del chavismo. Todas las demás miradas son silenciadas. Cualquier gesto que se aparte de esa narrativa, está prohibida. A nadie se le ocurriría salir a celebrarlo en la calle o publicarlo en redes sociales sin temor a represalias. Ese silencio no debe interpretarse como indiferencia ni como pasividad, sino como una estrategia de supervivencia.

Quienes permanecen en Venezuela atraviesan este momento histórico en silencio y con miedo. La actitud dominante es la cautela extrema. En conversaciones con familiares, amistades y conocidos, esa cautela aparece en todos los planos: en lo que se puede sentir, pensar o expresar ante una dictadura herida que ahora tiene nuevas razones para perseguir, castigar y aterrorizar; pero también en las preocupaciones más inmediatas vinculadas a la subsistencia cotidiana. Abastecerse de alimentos, enfrentar los cortes de electricidad –en algunos sectores de Caracas–, conseguir gasolina o anticipar nuevas restricciones, forman parte de una incertidumbre constante.

Esa cautela también atraviesa las expectativas de futuro. Parece predominar la conciencia de estar ante una nueva contingencia que amenaza la vida misma, frente a un Estado capaz de todo y un chavismo que sigue ejerciendo el poder. A ello se suma una incredulidad frente a la idea de que Estados Unidos actúe como una fuerza comprometida con una transición democrática que garantice la justicia y el respeto por la soberanía popular venezolana.

Por este motivo, como diáspora, en toda nuestra diversidad y con posturas distintas, tenemos una responsabilidad ineludible. No se trata de hablar por quienes están dentro, sino de hacer eco de lo que no pueden decir. De sostener una pedagogía paciente y persistente sobre lo que ocurre en Venezuela, de complejizar el debate público y de incomodar las lecturas simplificadoras, incluso cuando provienen de espacios que se proclaman progresistas o solidarios.